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Nota de aviso nº 44 -21 de junio de 2024-

Apreciados/as compañeros/as:

Como sabéis, a finales del 2023 el Consejo General de Economistas de España constituyo un Consejo Asesor en Sostenibilidad integrado por expertos de diferentes ámbitos de la economía y del mundo académico con una prestigiosa trayectoria multidisciplinar. El cometido principal de este Consejo es ser un foro de debate y discusión de todas aquellas cuestiones que, en el ámbito de la sostenibilidad, van surgiendo tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Pues bien, en el día de ayer, tuvo lugar una jornada en abierto de cuyo resultado se ha emitido un primer documento de debate siendo las conclusiones de este las siguientes:
  • Para que las empresas puedan reportar sobre su desempeño en materia de Sostenibilidad tendrán que integrar los criterios ESG en la estrategia de forma que les permita cuantificar y hacer públicos los objetivos que desean alcanzar en temas ESG, así como el horizonte temporal para su consecución.
  • Para la consecución de los objetivos ESG de una empresa, se requiere su integración en las decisiones operativas y en los sistemas de remuneración. Por ejemplo, cuando se evalúe una decisión de inversión, además de tener en consideración la rentabilidad y el riesgo de la operación, también se deberá evaluar el impacto que la misma vaya a originar en la sociedad. Se pasará de considerar el binomio tradicional rentabilidad/riesgo al trinomio rentabilidad/riesgo/impacto.
  • De conformidad con los estándares elaborados por el EFRAG las empresas tienen la obligación de informar sobre el desempeño, efectos y relaciones de la denominada cadena de valor. Por lo tanto, tienen que obtener información sobre el impacto de sus decisiones en materia ESG, tanto en sus clientes y grupos de interés, como en la cadena de suministro. Esta demanda de información genera, de forma indirecta, la ampliación del colectivo de empresas que se van a ver afectadas por la aplicación de la Directiva CSDR.
  • La transformación de nuestra actividad productiva para hacerla más sostenible, cumpliendo con los objetivos de Naciones Unidas, se estima que va a precisar de una inversión adicional de 40MM € en España en los próximos años.
  • Constituido nuestro tejido empresarial en un 98% por pymes, es evidente que el proceso de inversión y transformación no se puede realizar sin ellas. Tienen que estar sí o sí en la ecuación y además de forma racional y eficiente. No obstante, su incorporación al mismo es muy incipiente. Según el test de evaluación de los ODS de la ONU, TÜV SÜD, el 60% de las pymes españolas afirmaron en 2022 no haber implementado ninguna acción específica relacionada con la sostenibilidad. Los retos que enfrentan van desde la falta de conocimiento hasta los requerimientos regulatorios y los costes asociados a la sostenibilidad.
  • Para las pymes resulta complejo obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad. Además, tienen serias dificultades para poder reportar su impacto medioambiental debido a la falta de bases de datos históricos o a la mala calidad de los mismos. Según una encuesta celebrada recientemente entre las 500 más grandes empresas dentro de las pymes, gracias a la colaboración entre Cepyme y Finresp, la mayor parte de ellas no podría aportar datos básicos para calificar sus operaciones como sostenibles. Ello hace necesario apelar al principio de proporcionalidad en los desarrollos normativos, de tal forma que su aplicación sea progresiva en el ámbito de la cadena de valor.
    • Se deberá fomentar que las pymes adopten un enfoque gradual, comenzando con aquellos cambios que requieren menor inversión y proporcionan retornos rápidos como, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética o reducir el desperdicio.
    • Todos, pero especialmente los economistas tenemos un papel crucial que desempeñar en el apoyo a la búsqueda de la sostenibilidad y por una economía sostenible en la UE. Esto presenta un doble desafío, una oportunidad y una responsabilidad ciertamente significativos. Desde el asesoramiento en las mejores prácticas de ESG, el apoyo y desarrollo en la elaboración de los informes de sostenibilidad o el campo propio de la verificación.
    • Para que este proceso sea completo, faltarían por delimitar los requisitos de información corporativa sobre sostenibilidad para todo el amplio espectro de las entidades no lucrativas y las entidades del sector público, a todos sus niveles. Reportar sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) es un ejercicio que bien enfocado, sin banderas ni trincheras, aportará mucho a la gobernanza de nuestro país y a la economía productiva en el medio y largo plazo, pero en esta ecuación deben estar todos los actores que influyen en la economía y el desarrollo social de un país, tanto los administrados como la Administración.
    • Las actividades ligadas a la sostenibilidad representan un impulso en la buena dirección para las pymes. No obstante, en la implementación de las exigencias legales será recomendable acompañarlas en el cambio hacia modelos más eficientes, ya que un exceso de celo puede ser contraproducente y abortar los efectos sin duda positivos que se derivan de la norma.
    • Respecto de las actividades sociales, éstas pueden tomar variadas formas, pero seguramente la más interesante desde el punto de vista económico sean las señaladas por la teoría de los “salarios de eficiencia”. Esta estrategia es especialmente interesante cuando el objetivo es la atracción y retención de talento que es el factor de producción más escaso en la actualidad.
    • Las Normas Internacionales de Sostenibilidad recientemente desarrolladas por el International Sustainability Standards Board (ISSB) del IFRS se centran en la materialidad financiera, es decir, en el impacto de los requisitos ESG sobre la empresa. Sin embargo, la perspectiva europea es distinta, y contempla también el impacto de la actividad de la empresa en su entorno externo. Esta doble materialidad solo puede entenderse cuando se considera la gama de intereses de todos los grupos de interés que conforman el interés público.
    • En los próximos años, las empresas, en sus presentaciones de resultados tendrán que abordar el impacto financiero, pero también incluir métricas sociales y medioambientales que sirvan para evaluar su actividad. Comunicar esos resultados de manera clara, concisa y absolutamente transparente a clientes e inversores resultará igualmente importante.
    • En Europa aproximadamente 50.000 empresas (11.600 con la anterior directiva), sin contar las que se verán afectadas de forma indirecta o vía cadena de valor, quedarán obligadas a informar sobre sostenibilidad, incluidas las empresas más grandes, así como las pymes cotizadas. De esta manera, podremos poner en valor y sumar al rendimiento económico, el impacto social positivo que generan las empresas en la sociedad.
    • Aunque es positivo que haya calidad normativa ante una nueva materia y campo de actividad, existe en la actualidad un tsunami regulatorio en torno a la sostenibilidad y una creciente presión a este respecto. Han aumentado tanto las iniciativas soft law (13 en 2012, frente a las 226 en 2022), como en las iniciativas hard law (14 en 2012, frente a las 165 en 2022). Este maremágnum normativo precisa de una definición de métricas y de automatización de datos para poder confirmar su trazabilidad; si tenemos en cuenta que solo algunas compañías han empezado a integrarlo en sus sistemas, queda mucho trabajo por hacer y será un reto muy difícil de alcanzar dado que existen miles de indicadores. Solo se podrá lograr el objetivo final de introducir esta cultura y que tenga un calado profundo y estructural, es decir con garantías de éxito, con un número reducido, claro y homogéneo de normas y requerimientos.
    Dado que la jornada ha sido grabada, la puedes visualizar en el siguiente enlace, así como descargarte la nota de prensa.

    Foto presentación Conclusiones de la 1ª reunión del Consejo Asesor en Sostenibilidad del CGE
    Foto de familia de la sesión.
    Esperando que resulte de vuestro interés, recibid un cordial saludo.


    Consejo General de Economistas de España
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