La 8ª edición de las Jornadas de Auditoría del Sector Público, organizadas por el Comité del Sector Público y el Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas y que ha congregado a 300 profesionales del sector, los economistas auditores reivindican su papel en el seguimiento de los diferentes proyectos financiados a través de los fondos de recuperación europeos para asegurar que cumplen con los fines para los que fueron concedidos.

En el encuentro, que ha sido inaugurado por la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, han participado, el Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano, el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Emilio Álvarez, el jefe de división de la IGAE, Javier Font, el jefe de proyectos de la CEOE, Luis Socías, y la codirectora de Red Localis y doctora en Derecho, Concepción Campos. El acto ha sido clausurado por el director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la IGAE, Jorge Castejón.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, avisa que el éxito de los fondos europeos «dependerá de su correcta ramificación hacia pymes y autónomos que son el grueso de nuestro tejido empresarial y que son quienes han sufrido en mayor medida los efectos económicos adversos de la pandemia”. Para rentabilizar esta dotación de ayudas públicas, “es prioritario asesorar a pymes, microempresas y autónomos solicitantes de ayudas mediante una evaluación estratégica que permita testar si sus proyectos de inversión se alinean con las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Además, recuerda que las ayudas de fondos europeos tributan a Hacienda –un 25%, en el caso de las sociedades y, si es persona física, al tipo marginal de la tarifa del IRPF–, un factor que “habrá que tener muy en cuenta a la hora de hacer previsiones”.

El presidente del REA, Emilio Álvarez, hace hincapié en los beneficios de la colaboración de los auditores privados con los interventores públicos para proporcionar una mayor transparencia de la gestión del dinero cuyo gasto ha supuesto más del 50% del PIB en 2021. La UE obliga a comprometer el 70% de la inversión entre 2021 y 2022, un plazo «muy corto para que el órgano de intervención del estado pueda practicar un exigente control previo”.

“La orientación que en nuestro país se le da a la fiscalización de las ayudas europeas es complementar un menos exigente examen previo con una mayor carga de revisión posterior en línea con las propuestas de control que exige la UE; es en esta parte del proceso donde los auditores privados pueden apoyar a la IGAE, proporcionando una garantía sólida en un entorno difícil y en rápida evolución como el actual”, subraya.